Después de 12 años de gestión del socialismo dentro del Frente Progresista Cívico y Social en la Provincia de Santa Fe, el justicialista Omar Perotti asumió el gobierno. En la transición, se organizó una Asamblea Interministerial de Precarizades por el Pase a Planta Ya. Escribe Agustina Lescano. Fotos de Pilmayquén Passerini.
Un viernes a la noche de noviembre 2019, Nicolás escuchó en la radio sobre el fallo de una jueza en Capital, Patricia López Vergara, a favor de les trabajadores monotributistas del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la CABA. El proceso comenzó con un amparo presentado por ATE al Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, pidiendo por la situación de les contratades tras un accidente que se llevó la vida de la trabajadora Cinthia Choque, el 8 de septiembre de 2019.
“Sale una cautelar instando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a regularizar la situación y que se les reconozca como trabajadores del Estado, hablando del trabajo desde la perspectiva de derechos humanos, con base en los tratados internacionales que están en la Constitución, el art. 75 inciso 22, y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que fueron ratificados por la Argentina, que establecen la mejora progresiva”, resume Nicolás. Lo sabe porque escribió un mail y la secretaria de López Vergara le respondió en quince minutos, con el fallo adjunto.
La medida concluye que el Gobierno debe abstenerse de echar a les monotributistas, hacer efectivo el pase a planta transitoria y progresivamente a planta permanente. Nicolás también lo sabe, y lo escuchó contento, porque comparte esa lucha. Forma parte de la Asamblea Interministerial de Precarizados y Precarizadas por el Pase a Planta Ya.
“Atravesamos una situación laboral compleja, fuimos abandonados a nuestra suerte por quién nos contrató, pero somos trabajadores de la provincia de Santa Fe, no de una gestión u otra”, firma uno de los últimos partes de prensa del año de la Asamblea. Son trabajadores informales de la Provincia de Santa Fe, organizades de manera autoconvocada en un proceso asambleario que comenzó en noviembre. El lunes 9 de diciembre, en vísperas del mentado traspaso de mando entre Miguel Lifschitz y Omar Perotti, montaron en Plaza de Mayo una Vigilia y Festival en reclamo por la continuidad laboral y el pase a planta.
Si nos organizamos
La Asamblea reúne trabajadores de los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; de Economía; de Justicia y Derechos Humanos; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; de Trabajo y Seguridad Social; de Infraestructura y Transporte; de Seguridad; de las Subsecretarías de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social) y de Inclusión para Personas con Discapacidad (Ministerio de Salud); y de la Dirección de Salud Mental, también dependiente de Salud.
La primera manifestación como colectivo se hizo el 5 de noviembre en Casa de Gobierno. Hubo asamblea y después les trabajadores recorrieron los pasillos de los tres pisos de la Casa Gris al grito de ¡Pase a Planta Ya! y ¡Contratados y Precarizados!. Terminaron la agitada en las puertas del Salón Blanco, donde Lifschitz abría la presentación del informe del registro único de violencia contra las mujeres. Después, se convocaron reuniones en las distintas reparticiones y se llegó a la segunda asamblea interministerial el 8 de noviembre, en la sede de la cartera de Producción. En esa jornada, en Rosario, trabajadores de la misma dependencia montaron una feria en Mitre y La Rioja y se movilizaron bajo el mismo reclamo del pase a planta ya.
Algunes de les trabajadores facturan como monotributistas, con contratos de locación de servicio mensuales o anuales. Otras personas están empleadas llanamente en negro y cobran por ventanilla, sin constancia de su relación de dependencia. Es el caso de les acompañantes personalizados de la Subse de Niñez, quienes como ningún otro trabajador o profesional, están presentes en la vida cotidiana de les niñes y adolescentes bajo la tutela del Estado. Reciben un subsidio de la Lotería Provincial como remuneración por su tarea, mientras que cumplen funciones idénticas a las del personal de planta, trabajan ocho horas por día, hacen turnos rotativos y cubren guardias los fines de semana.
El Gobierno Provincial, en el marco de la Mesa Paritaria Central, entregó en noviembre a los gremios un listado del personal que estaría en condiciones de pasar a planta permanente: 1717 trabajadores de la administración central. Desde la Asamblea del Pase a Planta ya, hablan de 4500 trabajadores en toda la provincia, incluyendo puestos de trabajo tercerizados a través de distintas figuras, como el convenio firmado por el Ministerio de la Producción con la fundación ArgenInta. Frente a la ausencia de varios compañerxs, la Asamblea hizo un relevamiento y encontró que en el listado del Ejecutivo que corresponde a la capital, faltan por lo menos 135 compañeros y compañeras, con distintos años de antigüedad. Aclararon que “estos datos son tan solo los que hemos podido relevar desde nuestro espacio de asamblea en las últimas 48 hs. Sabemos que los casos de trabajadores con derechos de pasar a planta y que fueron excluidos son muchos más”.
En relevamiento apareció un dato: el 71% de las situaciones de precarización que no figuran en el listado del Ejecutivo corresponden a trabajadoras mujeres.
Quién cuida a les que cuidan
Una de las mujeres que no aparece en el listado es Gisela, acompañante desde marzo de 2018. Su tarea consiste en asistir el día a día de chicas y chicos de entre 0 a 17 años: despertarles para ir a la escuela, enseñarles a atarse los cordones, a ir al baño, salir una rato a la plaza, asistir a las mediaciones, festejar cumpleaños, acostarles a dormir. La vida misma. “Todos los días ponemos el cuerpo de manera literal, es un trabajo muy lindo que a mí particularmente me gusta mucho, pero se hace muy duro porque la precarización te hace sentir que no existís, y sos el que está manteniendo el funcionamiento de los hogares”, señala la trabajadora desde Plaza de Mayo, en una de las asambleas previas a la Vigilia.
“Desde que entré, al igual que todos mis compañeros, estamos completamente en negro. Nos pagan por hora; sábado, domingo, feriado, noche, es el mismo importe. No tenemos ningún beneficio, ni obra social ni cobertura por enfermedades o embarazo: si no trabajamos, no cobramos”, resume Gisela. A partir de agosto 2019, les acompañantes personalizados cobran 130 pesos. Antes, desde enero, cobraban 115 pesos; y antes de eso, 97 pesos. Ninguno de los aumentos fue mayor a 20 pesos: no alcanza ni para un pasaje en colectivo.
Gisela es mujer, trabajadora y madre. ¿Cómo se calculan las intersecciones que la violentan? ¿Cuánto debería ganar por criar otres niñes, sin obra social ni garantías para sus hijes?
Cuando se le pregunta por sus condiciones laborales, la acompañante se refiere también al abordaje institucional: “al trabajar con niños muy vulnerados, que están con medidas de protección excepcional, necesitaríamos contención y apoyo. Se les suma a ellos la vulnerabilidad nuestra y es un combo muy explosivo y triste. Hay situaciones que nos sobrepasan y sólo tenemos contención del equipo dentro del hogar”. Para dar un ejemplo, cuenta que en 2019 llegó la invitación a un curso sobre el Cuidado de cuidadores, al que sólo pudieron asistir les que tenían franco justo ese día, porque no se reconocían las horas.
UPCN ya decía que iba a encarar las negociaciones con Perotti; y ATE, que se estaban ocupando del tema. Gisela, afiliada simbólicamente al segundo, cuenta que la respuesta recibida es que “están trabajando, luchando por nosotros, pero no hay nada firme”. “Es muy preocupante la situación de todos los trabajadores, no sabemos si vamos a seguir con el trabajo. Estamos a la deriva y es todo muy angustiante”, admite. Después, se despide y se va, apurada. No dice si al Hogar o a su casa.
Nicolás, el que escuchó en la radio, también es acompañante, pero dentro de la Dirección de Salud Mental, en dispositivos coordinados por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). Tampoco figura en el listado entregado por el Ejecutivo, siendo que trabaja desde hace tres años y medio. Para cobrar, emite facturas mes a mes a los efectores de salud con los que tiene relación según el caso, pero el pago llega de manera irregular. El precio de su hora de trabajo está congelado en 109 pesos desde el 2017.
“Estamos en el territorio y le ponemos el pecho a la restitución de derechos de los usuarios de sistema de salud”, puntualiza Nicolás desde Plaza de Mayo, la primera de aquellas noches. Detalla que, por un lado, su tarea “es lograr que el usuario tenga una rutina respecto a su salud y su higiene, que mantenga un tratamiento medicamentoso a través del tiempo”. Por otro, se encarga de asegurar el acceso a los beneficios de la seguridad social: “tramitamos toda la cobertura que tiene el Estado de ciertas contingencias, gestionamos subsidios en desarrollo social, carnet de discapacidad, tarjeta de ciudadana, pensiones”. Como si fuera poco, denuncia que “todo se puso más difícil en el último tiempo porque se sumaron requisitos y se cambiaron los procedimientos, vamos de lugar en lugar y es complicado desde hace dos años que salgan las pensiones”. En las noches de la Vigilia, había trabajadores de la repartición a quienes les debían seis meses de salario.
El informe El rol del monotributo en la precarización laboral, elaborado por el Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, explica que el crecimiento del monotributo se debe a la generación de trabajo bajo relación de dependencia encubierta, en detrimento del empleo asalariado formal. En estos casos el empleador es nada más ni nada menos que el Estado, que “tiene un rol activo en el uso del monotributo para generar relaciones laborales sin el registro correspondiente”. La modalidad implica que la persona empleada realice los aportes jubilatorios por cuenta propia, pero tenga la obligación de presentar factura al empleador como contraparte del sueldo recibido. Si la factura se envia tarde o por algún vericueto burocrático no llega en tiempo y forma, el pago tampoco.
Ser monotributista se supone que es ser cuentapropista, une profesional que factura honorarios por sus servicios, estipulados por tarifarios colegiados o según el tipo de cliente. Para les precarizades monotribustistas del Estado, esa idea es un chiste de mal gusto. Son trabajadores con horario y lugar de trabajo, en relación de dependencia, envueltos en “una dinámica de precarización con notables pérdidas de derechos laborales: obra social, aguinaldo, vacaciones y días por enfermedad pagos”, tal como señala el informe.
Trabajar en la administración pública
Participando de la Asamblea y organizando la Vigilia también estuvo presente Jésica, otra de las trabajadoras que no está en el listado. Entró en 2014 a una de las oficinas de la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde empezó con una pasantía que se extendió durante un año y medio. Después, firmó un contrato de locación, que significa al día de hoy uno de los sueldos más bajos de todo el Ministerio. Pese a las condiciones adversas, a Jésica, como a Gisela, le gusta su trabajo. Cuenta que desde que llegó se lograron mejoras en el área de archivo y que, con el tiempo, une se siente parte.
“Constantemente hay mucha inseguridad y ansiedad, trabajás el triple para poder sostener algo en lo que te proyectás a futuro, como todos los que estamos en la administración pública”, afirma. En seis años, nunca accedió a una paritaria ni se actualizó el monto de su contrato, siendo que cumple horas de trabajo y realiza tareas como todes sus compañeres. Jésica piensa en la imagen grande y considera que “el hecho de que alguien sostenga un contrato de este tipo habla muy mal de todo lo que es la situación general del trabajo y del país”. Mientras hablaba, vió cómo se le iba por calle San Jerónimo el colectivo para volver a casa, pero siguió: “Te quedás con algo que considerás puede ser una estabilidad, pero te tenés que bancar muchas cosas”, dice, sin resignarse.
Agenda urgente para una sociedad de trabajo es un documento elaborado por un grupo de investigadores y especialistas en relaciones laborales y el mundo del trabajo que presenta un diagnóstico sobre la situación laboral en nuestro país y 13 propuestas para “colocar al trabajo de calidad en el centro de las políticas públicas”. El informe explica que en los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri el Estado fue identificado como una carga para la sociedad.
En Google, la búsqueda “ñoquis+Estado” arroja entre los resultados una nota de diciembre de 2015 de La Nación que habla de 210.000 trabajadores fantasma en el Ejecutivo nacional, contratados todos -toditos- como parte de maniobras de abuso de poder para hacer política. La búsqueda también tira una nota de enero 2018 en Infobae en la que Andrés Ibarra, por entonces ministro de Modernización, aporta su granito de arena en contra de los ñoquis. “No queremos más. Tampoco queremos empleados que no cumplan con su función. No es una ocurrencia nuestra, es un pedido de la sociedad que no tiene por qué pagar por gente que no trabaja”, transcribe el sitio.
Por su parte, la Agenda urgente resalta que durante el mandato de Cambiemos, “varias instituciones públicas han sido debilitadas o incluso eliminadas, en el marco de un proceso de degradación de las y los trabajadores que incluyó despidos colectivos e individuales, precarización laboral, no asignación de tareas y fuerte reducción del poder adquisitivo de los salarios”. Basta recordar la reducción de rango de los Ministerios de Salud y de Cultura, o los libros del Plan Nacional de Lectura tirados a la basura.
El documento afirma que es necesaria la jerarquización de les trabajadores estatales de todos los niveles, mejorando sus condiciones laborales e ingresos, en un proceso que “respete los derechos colectivos y la promoción de un verdadero desarrollo de carrera que promueva la capacitación y el fortalecimiento de las competencias profesionales de quienes se desempeñan en el Estado”.
La desfragmentación de les trabajadores
En la Asamblea hay troskes; hay trabajadores sin afiliación ni afinidad partidiaria; hay peronistas, que ahora quizá estén más esperanzados; y hay otres que se pusieron la camiseta de la gestión con convicción. El final de los doce años del socialismo los encontró sin respuestas a sus reclamos. Es el caso de Raúl, trabajador del Ministerio de Innovación y Cultura (MIC), que firmó contratos mensuales durante 42 meses, siempre con la promesa del pase a planta.
“El proyecto pedagógico fue uno de las estandartes de la gestión que se va, muchos creemos en ese proyecto y lo militamos de alguna manera, pero hay que decir que se hizo a costa de precarización”, confiesa Raúl, en la primera noche de la Vigilia, el 9 de diciembre. Para hablar con él hubo que alejarse un poco del público, concentrado en Plaza de Mayo para ver el documental “Escuela Bomba” de Juan Mascaro de DocA. El film reúne registros y testimonios tras la explosión en la escuela 49 de Moreno, Buenos Aires, que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.
El proyecto pedagógico, político, artístico y poético se hizo concreto en la ciudad de Santa Fe con La Esquina Encendida, La Redonda, El Molino Franchino, los Aleros de Coronel Dorrego y de Las Flores. Espacios valiosos con contenidos y dispositivos que fueron diseñados, montados y sostenidos por equipos conformados casi en su 50% por trabajadores precarizados, según el cálculo que aporta Raúl. “La decisión política fue que el presupuesto sea para infraestructura y no para el personal que sostiene, que no es personal auxiliar, numéricamente somos más que los de de planta y cumplimos las mismas funciones. Hay un derecho ganado por las tareas y por la carga horaria”, afirma el trabajador.
La mañana de esa misma jornada, el último lunes del gobierno de Lifschitz, les trabajadores del MIC se manifestaron frente al ingreso de Casa Amarilla, una de las sedes. Las últimas facturas habían sido prestadas en noviembre, y diciembre les encontró técnicamente desempleades. Ya les habían ofrecido firmar un contrato anual, como parche frente al fin de mandato, pero el todavía gobernador no había refrendado el decreto correspondiente.
La movilización tuvo su impronta: hicieron kermese precarizada. Jugaron al tumba la lata, para voltear la angustia, el desamparo y otras sensaciones que les generaba la situación; al bowling pie, donde había que patear distintas formas de precarización por parte del Estado; y al ta te ti, que enfrentaba al pase a planta vs la precarización. En Rosario, trabajadores del MIC habían comenzado el jueves 2 de diciembre con la toma de Plataforma Lavardén, la sostuvieron durante el fin de semana y cortaron la calle el mismo lunes 9. La rosarina “es una asamblea más numerosa, que tiene participación en ATE y viene agitando hace un tiempo”, compara Raúl, y encuentra en él y sus compañeres una desfragmentación en cuanto a la organización sindical.
“Confiamos demasiado en la gestión y no vimos la necesidad de armarnos gremialmente para hacer un reclamo, siendo que nos decían ‘quédate tranquilo que va a suceder’, hasta que la semana pasada, funcionarios que no podían hablar con el gobernador nos dijeron que el lunes teníamos que hacer ruido”, cuenta. Señala, también, cierto abandono por parte de los gremios, “que nunca se acercaron más que para afiliar, nadie preguntó acerca de nuestros derechos ni cuántos contratados había”. Frente a la Casa Gris, Raúl resumió que “la confianza en la gestión y el abandono de los gremios nos dejó en el último día hábil de la gestión esperando la firma de un contrato anual que también nos precariza”.
Dos escenarios
El 10 de diciembre, en la última noche de la Vigilia, hubo candombe, rap, música y baile. El festival se armó en un escenario improvisado entre una pantalla y la primera fila de sillas, y hubo una pequeña cantina a beneficio de la Asamblea. Se acercaron, por primera vez, algunas personas ajenas a la causa, algunas de organizaciones y otras que llegaron con porrones o las primeras sidras de la temporada. Mientras, sobre calle Tres de febrero ya se montaba otro escenario, con tarimas y un equipo de sonido más grande, para que asuma Omar Perotti.
La Asamblea leyó un documento que señaló que Lifschitz había reconocido que en el Estado provincial existen siete mil cargos vacantes debido a personal activo que se jubiló en los últimos años. Sin la incorporación de nuevos trabajadores a la planta permanente, merman los aportes a la caja de jubilaciones, aducen; aunque los ingresos no alcanzarían siquiera a cubrir las vacantes. El porqué no se concretó el pase a planta lo encuentran en el Pacto Fiscal de Macri, que proponía que no se produzca ninguna incorporación de personal al Estado. También en la transición provincial, en el marco de la cual Perotti hizo la misma solicitud.
Es importante dejar en claro que el listado entregado por el gobierno saliente no asegura ninguna medida para con les trabajadores que incluye. Lo que sí hizo fue calmar las aguas. Quienes vieron su nombre en el registro oficial sintieron algún respaldo por parte del Ejecutivo, y el nivel de convocatoria que la Asamblea por el Pase a planta había logrado en los primeros días de noviembre se vio resentido.
Hay quienes no saben qué va pasar con sus puestos de trabajo frente a la designación de personal de planta permanente en cargos que corresponden a tareas que elles vienen desempeñando. Hay contratos que vencen en enero, en medio del asueto decretado por el flamante gobernador. En el documento, les trabajadores le pidieron que se exprese sobre el tema. Llaman a las dirigencias gremiales a defender sus derechos, y también a sostener la rondas y asambleas en cada lugar de trabajo y en Casa de Gobierno, a discutir con les compañeres precarizados, efectivos, delegades, y ganar voluntades.