Lxs trabajadores del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Entre Ríos llevan seis semanas consecutivas de protestas. Exigen regímenes laboral y jubilatorio especiales y un adicional en su salario que contemple el tipo de tareas que realizan. En primera persona, los motivos de su lucha. Escribe Ramiro García.
Lxs trabajadorxs del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf) de la provincia de Entre Ríos están cansadxs. Ponen el cuerpo donde casi nadie más lo pone desde el Estado. Son quienes llevan a la práctica en el territorio los propósitos planteados por el organismo en su presentación institucional: “garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la normativa nacional y provincial”; “fortalecer a la Familia como el referente social primario para el desarrollo de los planes y programas”… etcétera. Decir los objetivos, enunciarlos, mucho más escribirlos, puede ser fácil. Pero hacerlos, incluso siquiera intentarlos, es muy distinto.
Están cansadxs porque hace años reclaman un régimen especial que contemple sus condiciones laborales y hasta hace muy poquito sus gritos fueron al viento. Porque van cinco semanas de plan de lucha y han hecho de todo: audiencias con funcionarixs, asambleas, cortes de calles, marchas, paros. Porque los resultados de la lucha llegan por goteo, según denuncian, por la poca predisposición del gobierno provincial: un compromiso de gestiones por acá, una contraoferta salarial por allá, un llamado a una reunión más allá… Porque sienten las vueltas que dan. Y por el goteo, por ese efecto que causa cuando uno quiere que se termine de una vez.
Poner el cuerpo
Es jueves, es el cuarto día de la quinta semana de protestas, y luego de la enésima asamblea en el patio interno del edificio central del Copnaf, en calles Corrientes y Uruguay de Paraná, parte una nueva marcha hacia Casa de Gobierno. El sol no arrecia pero sí pica y proliferan los paraguas en la columna que se ordena sobre Corrientes. Los hay de distintos colores y llevan enganchados cartelitos con consignas. Hay bombos, redoblantes, bengalas de humo y un megáfono que dirige el canto: “esta es la unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”.
El programa de reclamos se resume en tres puntos: un adicional en el salario a razón del tipo de tareas que realizan, en contextos de fuerte vulnerabilidad social; un régimen especial que adelante la edad de jubilación, por el mismo motivo; y la elaboración de una nueva normativa que establezca el régimen particular del trabajo del Copnaf. El pliego contenía otra reivindicación que se consiguió e implementó a principios de este año: la ampliación de la licencia profiláctica. Se sumaron cinco días más y ahora son 15 por año. “Tiende a hacer un parate y poder desenchufarse unos días de ese estrés que generan las intervenciones y la hiper-demanda que tenemos, porque nos sentimos desbordados”, explica Mariano, psicólogo, gafas de sol, gorro y a cubierto del sol bajo un paraguas verde.
La labor del Copnaf se rige por la ley provincial n° 9.861 de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, del año 2008. Lxs trabajadorxs tienen como objetivo conformar una mesa de discusión con la Provincia que avance en su modificación, donde se incluya el régimen especial. En la quinta semana de reclamos fueron convocadxs a una nueva instancia de trabajo. Ahora les dijeron que hay un “compromiso asumido” para empezar a trabajar en el régimen especial de niñez, por parte de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de la presidente del Copnaf, Marisa Paira, quien quedará a cargo de dicho Ministerio a partir del 11 de diciembre, cuando Stratta asuma como vicegobernadora.
¿Qué hacen lxs trabajadorxs del Copnaf?
Federico es licenciado en Psicología, trabaja en el Departamento de Referencia para el Adolescente y marcha ubicado al final de la columna de trabajadorxs que trepa por calle La Paz rumbo al Centro Cívico. Entre el humo verde de las bengalas, cuenta que “en el Copnaf se abordan situaciones de violencia familiar, abusos, maltrato, consumo problemático de sustancias, transgresiones a la ley por parte de adolescentes. Tenemos que tomar decisiones todos los días sobre las vidas de estos niños, niñas y adolescentes. No se hace un trabajo terapéutico, sino de restitución de derechos. Una vez que recibimos el oficio de la Justicia, tenemos alguna entrevista inicial con el adolescente o con sus responsables legales. En esa instancia buscamos saber qué sucedió y establecer un plan de acción: un tratamiento psicológico si es necesario, estudios médicos, tratar de que retomen la escolaridad, que inicien alguna actividad extra que les interese, deportiva o artística”.
Paula, que también es licenciada en Psicología, advierte que cuando se enteran de que algún niño, niña o adolescente sufrió alguna vulneración, deben pensar con cuidado las estrategias de intervención. “Analizamos mucho si vamos a hacer visitas, si vamos a ir a la escuela, o al centro de salud. Si es una situación de maltrato, no podés caer a la casa, porque el niño queda expuesto. Es un trabajo que lleva mucha cabeza”, señala.
Ella trabaja en el Copnaf desde enero de 2015 y el año pasado obtuvo la planta permanente. Actualmente reviste en el Servicio de Protección de Derechos (SPD) “San Cayetano”. Mientras la marcha rodea Casa de Gobierno y bajo el piadoso refugio del sol que ofrece la arboleda de calle México, relata que “en los casos más complejos o de más violencia, si tomás la decisión de separar al niño, niña o adolescente de la familia, quedás expuesta, en el medio de una situación perversa. Recibís amenazas, te llega un poco de todo lo que el niño recibía”.
Paula expresa el núcleo firme, conciso, del reclamo: “se pone el cuerpo en esas situaciones. Pero se nos reconoce como si fuéramos empleados administrativos, de oficina, como si trabajáramos con papeles y no con personas”.
Otra psicóloga que marcha es Lucrecia. También integra el equipo técnico-profesional del SPD San Cayetano, la repartición que tiene a cargo los cerca de 30 barrios que están entre las calles y avenidas San Juan, Echague, Almafuerte, Gobernador Maya y la costa del río. “Somos cinco psicólogos y cuatro trabajadores sociales, y hay tres suplentes. No nos da abasto porque hay más de 700 situaciones en el SPD y tenemos que atender entre 50 y 60 cada uno”, alerta.
Además, se quejan porque desde el Poder Judicial se les presiona para que cumplan con los tiempos que definen en Tribunales las personas que se trabajan en oficinas y con papeles. “Articulamos mucho con jueces de Familia. Pero el trabajo duro y de terreno lo hacemos nosotros, los profesionales del equipo técnico. Estamos trabajando permanentemente en la urgencia. Aún así, cuando llegan oficios tenemos que contestarlos con día y hora. Y si no cumplimos con el régimen que nos imponen, nos amenazan con cobrarnos una multa”, cuestiona Lucrecia desde una de las veredas de calle Córdoba. La marcha se estacionó en ese margen de la Casa Gris, con el megáfono apuntado hacia las ventanas cerradas por el aire acondicionado.
Mariano, el psicólogo de gorro y gafas, trabaja en otro SPD, el “Anacleto Medina”, que abarca toda la zona oeste de la ciudad. Está en el Copnaf hace trece años, tiene planta permanente y agrega que “hay que poner mucho el cuerpo. Hay muchos compañeros que se toman licencia psiquiátrica, porque es muy desgastante trabajar con situaciones de mucha vulnerabilidad. Nos afecta no tener todas las respuestas para esas personas. Uno se queda con esas preocupaciones y obviamente eso impacta”.
¿Por qué un régimen especial?
Federico, el psicólogo del Departamento de Referencia para Adolescentes, señala que lxs trabajadores del Copnaf “tenemos los mismos derechos que los administrativos de la Provincia: horario, salario, años de aportes y edad de jubilación (a los 57 las mujeres y a los 62 los varones)”.
Pedro, que es promotor de Derechos del Departamento de Libertad Asistida, estuvo cinco años con contrato de servicios y hace dos logró la estabilidad de la planta permanente. Advierte que “nuestra tarea no está circunscripta a un trabajo de oficina o aislado de los distintos tipos de realidades que atraviesan los adolescentes”. La labor de lxs promotores incluye mucho acompañamiento, a veces diario, a lxs adolescentes que están siendo atendidxs. “No sólo tenemos que participar de entrevistas en el territorio, en instituciones civiles y gubernamentales y en audiencias judiciales, sino que, eventualmente, acompañar al adolescente en su traslado de una ciudad a otra”, añade.
Respecto del reclamo del régimen especial, Pedro entiende que “sería un reconocimiento para todas las áreas del Copnaf con trabajo territorial y contacto humano. Tenés que hacer horas extras, rotaciones horarias, modificar toda tu rutina. Y percibir una cifra exigua para compensar lo magro que es el salario, en términos de carga horaria y comparado con otros funcionarios públicos del Estado”.
Números
Ese careo con salarios de otros sectores del Estado es un dedo en la llaga para lxs profesionales del Copnaf. “Somos los empleados peor pagos de la Provincia y la brecha entre los que menos cobramos y los que más cobran se hace cada vez más grande”, dice Federico. Y Paula confirma: “vemos que los sueldos del Poder Judicial suben de una manera obscena y queremos que la torta se reparta de otra manera”. Mariano aporta el ejemplo de una situación cotidiana que empezó a presentarse en estos meses: “los recortes han llegado a los SPD y no tenemos para pagar los remises para hacer las visitas a los barrios, así que tenemos que pagarlos de nuestro bolsillo o usar nuestros vehículos personales”.
Lxs trabajadorxs del Copnaf están incluidos en el Escalafón General de la administración pública de Entre Ríos. Promotores y profesionales tienen, en general, categorías que van de la 7 a la 3. En la última planilla actualizada de cargos testigo disponible en la página oficial del gobierno consta que la categoría 6, con una antigüedad de 10 años, cobra un sueldo de bolsillo de 23.642 pesos. A eso pueden sumarse algunos adicionales, como título universitario o presentismo.
A mediados de octubre, un par de semanas antes de que empiecen las medidas de fuerza en el organismo provincial, se develaron las escalas salariales del Poder Judicial, a partir de un pedido de acceso a la información pública emprendido por los periodistas de Página Judicial. Así pudo conocerse cuánto cobran algunxs agentes y funcionarixs cuya labor se articula y se nutre de manera diaria con la del Copnaf. Según esas escalas, actualizadas a septiembre y que no incluyen antigüedad ni adicionales, un agente fiscal percibe 210.198 pesos por mes, un defensor público 199.278 pesos, el secretario de un juzgado de primera instancia 185.629 pesos y un juez de primera instancia 232.037 pesos. Y no son los más elevados: al tope de la escala del MPF se observa una mensualidad (sin contar antigüedad ni adicionales) de 262.065 pesos para el Procurador General, y en la de los jueces una de 272.984 pesos para los vocales del Superior Tribunal de Justicia.
Unos días después de revelarse esa información, todas las categorías del Poder Judicial de la provincia percibieron un aumento del 10%, gracias a la ley ‘de Enganche’ que ata sus salarios a las subas que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El incremento rige a partir del 1° de noviembre. Ese día lxs trabajadorxs del Copnaf cumplían su quinta jornada de paro. Al final de esta semana llegarán a la número 29.
Casi todas las huelgas son parciales y en horarios rotativos para garantizar servicios en los barrios. Pero algunos paros son totales, sin asistencia a los lugares de trabajo.
Norma Alonso, histórica delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Copnaf e integrante del Consejo Directivo provincial del gremio, es la vocera más habitual del proceso que inició hace seis semanas. Del megáfono de la asamblea pasa al grabador y precisa el aspecto salarial de las demandas. “En porcentaje proponemos un adicional salarial de un 45 por ciento para los que tengan relación directa con la problemática y de un 35 por ciento para los que no”, indica y enumera la serie de propuestas de lxs trabajadorxs rechazadas por el Ministerio de Economía de la Provincia: “al principio planteamos un adicional de 15 mil pesos. Después nos bajamos a seis mil pesos. Y el gobierno ofreció 2.600 pesos. Y no aflojan. La última propuesta que hicimos fue tomar esos 2.600 pesos retroactivos a julio. Y tampoco acordaron con eso”.
Según Alonso, las negativas oficiales “demuestran que la política de niñez de la Provincia se basa en fotos. Cuando les conviene se sacan fotos con los niños y niñas. Y hablan de vocación de diálogo, que es lo último que encontramos. Parecía que atendían nuestro reclamo, pero pospusieron las respuestas como para cansarnos y desgastarnos”.
Antes de la publicación de esta nota se intentó en varias ocasiones consultar la posición del Ministerio de Economía de la Provincia ante el reclamo del adicional salarial, pero no se obtuvieron respuestas oficiales. Por otra parte, en declaraciones a la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la actual titular del Copnaf y próxima ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, anticipó que la decisión del gobierno es incluir la demanda específica dentro de la negociación paritaria de lxs trabajadorxs de la administración pública del año que viene.
De lo logrado hasta ahora, Alonso destaca los avances hacia una nueva normativa que regule el trabajo específico del Copnaf. “Es un triunfo histórico que por primera vez se discuta con los trabajadores el régimen especial de niñez”, admite. Y, respecto de la continuidad del plan de lucha, asegura que “no vamos a bajar los brazos. Al contrario, cada vez nos organizamos más y mejor y logramos la empatía de la comunidad, que sabe cómo trabajamos. El reclamo es genuino”.
Antes de que la marcha llegue a su destino en el flanco oeste de la Casa Gris, mientras la columna va dejando calle México y su sombra para quedar a merced del sol de calle Córdoba, Paula, la psicóloga del Servicio de Protección de Derechos “San Cayetano”, coincide con que la decisión de mantener las protestas sigue firme. Pero sugiere que la paciencia de lxs trabajadorxs viene mermando: “es una militancia este trabajo. Hay mucha gente que se va, porque es mucho el trabajo y el reconocimiento es muy poco. Yo lo elijo, me gusta. Es sumamente complejo y requiere mucha cabeza. Ahora me encuentro en esta lucha porque quiero que sea reconocido con el valor que realmente tiene. Esperemos que se nos dejen de cagar de risa porque ya estamos cansados”.
Créditos: Charco