Es probable que la gran herencia de la célebre resolución 125 haya sido cultural. Es que la iniciativa impulsada en 2008 por el entonces ministro de Economía Martín Losteau, a meses de iniciado el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, supo poner en el eje mediático a un sector hasta entonces poco cuestionado: los grandes productores agrarios.
Aquel acontecimiento marcado por el “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos fue un punto de inflexión para muchos sectores de pequeños y medianos productores, quienes vieron la oportunidad de colarse en los debates sobre la matriz productiva del país.
Desde entonces, decir “el campo” suena cada vez menos a sinónimo de grandes estancieros y voces disidentes de todo género y color se suman para cuestionar el modelo a gran escala defendido por las patronales nucleadas en la Mesa de Enlace.
Es que pese a la gran cantidad de agua corrida bajo el puente (mírese sino el devenir del propio Losteau), el “fantasma de la 125” revive cíclicamente para habilitar calurosos debates sobre cómo se explotan los suelos del país. Y es allí donde las voces contrahegemónicas suelen darse diferentes estrategias para dar su opinión.
“Pero son posturas que solo pueden cobrar validez si hay un Estado presente”, opina el periodista y diputado santafesino Carlos del Frade. Por eso, según entiende, es importante contar con Ejecutivos que asuman un rol central en la disputa, garantizando y defendiendo las voces de la pequeña y mediana producción.
Del Frade también cree que la primera cuestión a resolver es interna: “Subsiste un problema de fondo desde el regreso de la democracia, que es la falta de planificación productiva”, dice.
“Es necesario ver más allá de las coyunturas para promover las economías nacionales, regionales y provinciales”, explica.
—¿Cómo ves las decisiones de Alberto Fernández en materia productiva?
—Como lamentablemente viene pasando en los últimos 20 años de la historia económico-política argentina, hay una falta de planificación de fondo que supera la coyuntura. Se ve a nivel nacional y también provincial. A mi entender no termina de ser más que un intento, por parte del presidente Fernández, de tener una especie de capitalismo regulado del tercer mundo. Pero es muy difícil regular las actividades económicas en la Argentina porque en los últimos 20 años el mercado ha colonizado al Estado, en mayor o menor medida y de acuerdo a los distintos cambios políticos.
—¿Qué lectura hace del fallido intento por frenar la exportación de maíz?
Lo que está pasando con el maíz y con los demás cereales tiene que ver con la necesidad de producir caja para pagar los compromisos como la deuda externa. Pero el problema de fondo, insisto, es el de no planificar el desarrollo de las economías nacionales, regionales y provinciales. No hay una planificación que supere la coyuntura y este es el gran problema que tienen los partidos mayoritarios en el país.
—¿Qué planificación se necesita?
Tenemos que avanzar hacia un capitalismo con mayor regulación, pero que no sea suicida y que contemple las características de la Argentina y de América del Sur. Hay que fomentar las economías mixtas, en donde los sectores privados, más el Estado en sus distintos niveles y de forma cooperativa, implementen medidas que favorezcan la producción, el desarrollo, la inclusión, la igualdad y el mantenimiento del ambiente.
La respuesta política debería ser la de convocar a una mesa permanente donde poder discutir la planificación de la producción. Una mesa abierta a todos los sectores. De lo contrario seguiremos debatiendo sobre la coyuntura y terminaremos aniquilando la producción y los puestos laborales estables y en blanco.
—¿Ve intenciones de avanzar en tal sentido?
—Lo veo bastante verde. Hay sectores que están intentando planificar, pero que después viven muy en la diaria. La clase política viene pensando más en las encuestas y en lo transitorio que en lo estructural. Es un problema muy serio que lleva los 37 años de democracia. Falta planificación, por lo menos, a mediano plazo: pensar el desarrollo de la producción y del país a cinco años. Sentar a los principales actores, desde los sectores industriales, empresariales y del campo hasta los sectores trabajadores de cada uno de esos lugares. El desarrollo implica jornadas laborales reducidas, pero también trabajo estable y en blanco. Debe promoverse el mercado interno y hay que estar abierto al mundo para exportar según las conveniencias de las producciones locales.
—¿Es posible avanzar hacia un modelo de ese tipo con tanta concentración de riqueza y del suelo, más la precarización laboral?
—Por eso es importante la presencia del Estado. Es un actor clave para regular la concentración de riquezas y de tierras en pocas manos, además de la concentración de los depósitos bancarios en pocos bancos, por lo general extranjeros. No estoy proponiendo una medida de socialismo, sino que hablo de una regulación del propio sistema capitalista. Una regulación articulada y consensuada, en donde los sectores que más ganan acepten que no es viable un proyecto de concentración de riqueza en pocas manos. Eso solo genera mayor desigualdad. Y a mayor desigualdad, más violencia. También hay que discutir la duración de la jornada laboral, como está pasando en Europa y en distintos lugares del mundo.
—¿Ve al cooperativismo como un actor clave en este esquema?
—El cooperativismo tiene que apoyarse en el Estado y consensuar un esquema de comercialización, producción y distribución que, por lo menos, sirva para hacerle frente a los formadores de precios y a quienes concentran el mercado. Pero es imprescindible que el Estado esté presente. Hace falta voluntad política para equiparar las condiciones y dar mayor sustento a los sectores medianos y pequeños de la producción.
—¿Qué marco legislativo hace falta para promover todas esas discusiones?
—Es fundamental regular lo impositivo. Necesitamos una política tributaria realmente progresiva. Hace pocos días se votó una ley tributaria en la provincia de Santa Fe muy regresiva que no ayuda a un esquema de impuestos en el que paguen más los que más tienen. Se sigue reproduciendo el mito eterno de la frazada corta, es decir, que los recursos no alcanzan para todos. Pero no alcanza porque no se grava la concentración de tierras, a los bancos, a los exportadores. Por eso propongo construir mesas de diálogo que incluyan a las cooperativas y a las economías mixtas, al Estado y al sector privado. Sino seguiremos chocando contra la frustración.
—¿El impuesto a las grandes fortunas sirve?
—Creo que sí. En Europa empezó a cobrarse luego de la crisis bancaria del 2010. Y se hace de forma permanente, es decir, que no es un tributo extraordinario como el que se propuso acá. Incluso en Estados Unidos surgió un muy interesante movimiento de empresarios patriotas, quienes plantean un impuesto permanente a las grandes riquezas, es decir, para ellos mismos. Eso tiene que ser imitado por la clase dirigente empresarial de nuestro país.