La agenda política de enero inició con un paro de actividades por parte de los grandes productores agrícolas del país. Fue en respuesta a la intención presidencial de frenar las exportaciones de maíz hasta abril, medida de fuerza que se mantuvo pese a la decisión de Alberto Fernández de dar marcha atrás con gran parte de su iniciativa. Es, por ello, un claro ejemplo de cómo hacen valer sus intereses de clase determinados grupos que frente a la opinión pública se presentan como “apolíticos”.

Es que el debate quedó planteado como un enfrentamiento entre polos insalvables: el “campo” contra el funcionariado, la política frente a la economía, lo privado versus lo público. Una lectura que no hace más que confundir y abonar el terreno para las teorías más absurdas y conspirativas, en donde “la política” se presenta como algo que atenta contra la “iniciativa privada” necesaria para sacar al país adelante.

Pero son muchos los pequeños y medianos productores que ven fisuras en esta lectura. Se trata en su mayoría de personas que desde hace años se organizan y luchan por construir una matriz productiva más justa, en la que el Estado funcione como garante de un mercado agrícola y ganadero más equitativo, con políticas serias del suelo que favorezcan la competencia solidaria, el cuidado del ambiente y prácticas más sustentables.

Uno de ellos es el ingeniero agrónomo Pablo Benetti, pequeño productor de La Paz y trabajador de la subsecretaría de Agricultura Familiar de dicha localidad. Benetti propone analizar el conflicto desde una mirada alternativa, que evalúe la actitud de la Mesa de Enlace teniendo en cuenta el contexto. “La Argentina tuvo récord de producción de maíz durante la última campaña”, dice, y hace referencia a las 50 millones de toneladas cosechadas durante la temporada 19/20, la mayoría de ellas ya exportadas.

“Queda un stock que rondarían las 4 o 5 toneladas, pero el 90 por ciento ya se vendió”, cuenta.

También sostiene que Argentina es el tercer país con mayor capacidad de producción de maíz (luego de Estados Unidos y de Brasil), y que se exporta el 80 por ciento de lo producido. “Aquellos dos países consumen el 80 por ciento de lo que producen, mientras que en la Argentina se hace al revés, perdiendo la posibilidad de exportar con valor agregado y de generar más puestos de trabajo”.

—En tal contexto, ¿cómo viste la intención de frenar las exportaciones al maíz?

—Era una medida que servía para cuidar el maíz que necesita el país para seguir produciendo pollos y chanchos. Entre Ríos, por ejemplo, tiene una de las principales productoras del país de pollos. También aumentó mucho su producción de cerdos y de carne vacuna de feedlot, que es en donde más se utiliza el maíz. Pero en realidad a Entre Ríos no le afectaba mucho la medida, porque es una provincia que consume entre el 70 y el 80 por ciento de lo que cosecha. Es distinto a lugares como Córdoba o Buenos Aires, cuyos granos son los que generalmente se exportan. La medida tampoco afectaba al pequeño y mediano productor, dado que son quienes consumen su propio maíz. Son los grandes productores quienes venden el maíz a los centros acopiadores.

—¿Cómo se explica entonces la efectividad del paro?

—Hay cosas que no se entienden, como el ver a la Federación Agraria impulsando el bloqueo. Es una organización surgida del Grito de Alcorta y que fue creada para defender a los pequeños y medianos productores. Verlos en contra de la medida no se entiende. Si se entiende la postura de la Sociedad Rural, por ejemplo. Pero tampoco los perjudica, porque el maíz se vende en el mercado interno al mismo precio, o incluso a uno mayor. Yo soy productor, tengo unas 20 ovejas, y compro maíz. Lo estoy pagando a 28 pesos el kilo, cuando en exportación está a 17.

—¿Entonces por qué el paro?

—Según dicen, porque no quieren que el Estado se meta en la comercialización de granos. Se vio en varios hechos en los que el Gobierno quiso intervenir, en donde la postura fue ‘si los dejamos avanzar con esto, después vendrán por todo’. Lo de Vicentín fue un claro ejemplo, lo mismo con el conflicto de los Etchevehere. Es una puja política.

—¿Cuál es el porcentaje de grandes productores, en comparación a los pequeños y medianos?

—En el país hay tres mil empresas o personas que concentran cerca del 50 por ciento de la superficie de la tierra productiva. Y del otro lado hay cerca de 250 mil productores con menos de 500 hectáreas. Entonces la fuerza pasa por el móvil político y por la capacidad de presión que tienen esos grandes sectores.

—¿Ves al gobierno nacional con interés de darle mayor capital político al pequeño y mediano productor?

—Veo positivo que se volvió a poner en agenda a la agricultura familiar, y que se logró reglamentar la ley de Agricultura Familiar. También se devolvieron fondos que durante el gobierno macrista habían sido cortados. Durante la anterior gestión se desguazó la Secretaría de Agricultura Familiar y hubo cerca de 700 despedidos en todo el país. A mí el año pasado me reincorporaron, y sucedió lo mismo con casi el 60 por ciento de quienes trabajaban y fueron despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

—¿Qué hace falta entonces para disputar poder?

—Hace falta una mayor organización del sector. A principios del 2019 se realizó el Foro Agrario por una Soberanía Alimentaria en el club Ferro (Buenos Aires), donde se reunieron un montón de sectores y se consensuó una agenda de intereses común. Incluso la figura del actual secretario de Agricultura Familiar de la nación, Miguel Ángel Gómez, surgió de aquel encuentro. Es decir que el sector viene tomando mayor fuerza, pero también pasa que los otros tienen a su favor todos los medios de comunicación y el aparato de Cambiemos. Personas como D’Angeli, Etchevehere…

Estoy muy de acuerdo con Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria, quien planteó la necesidad de discutir la tenencia de la tierra y de los latifundios. Hoy pocas personas concentran cerca del 50 por ciento de la tierra productiva. Si no se rompe con todo eso los pequeños productores, por más que se junten, llevan las de perder.

—¿Ves posible esas discusiones?

—Creo que es posible en la medida en que el Estado vaya generando las condiciones, y se logra garantizando medios, fondos y espacios. Es positivo que se haya reflotado el Consejo de la Agricultura Familiar, porque se va a empezar a trabajar con mesas territoriales en cada provincia. Ahí veo intenciones de generar espacios para el fortalecimiento del sector.

—¿Qué trabas hay?

—Me preocupa la presión que generan los grupos concentrados. Conozco la fuerza que tiene la Mesa de Enlace en su conjunto, aunque fue importante que Coninagro no acompañe la medida. Pero preocupa que el Gobierno haya reaccionado nuevamente como con Vicentín. En aquella ocasión se perdió la posibilidad de contar con una empresa exportadora importante, la cual, en manos del Estado, servía para garantizar precios justos y un mercado interno más competitivo. Pero que se vaya para atrás con las propias medidas termina siendo como una derrota.

—¿Falta mayor convicción de Alberto Fernández para con sus propias decisiones?

—Sí, u otra estrategia para llegar a tomar mejor estas medidas. Es importante el diálogo previo. La Mesa de Enlace hoy funciona como la mano dura de Cambiemos a nivel nacional, y cuando quieren boicotear al gobierno sacan el fantasma de los cortes. Por eso sería una buena estrategia el visibilizar y poner en juego la voz de los pequeños y medianos productores de todo el país. Las organizaciones de la agricultura familiar nos enteramos de todo este tema después de que salió la medida.