El aislamiento social por el coronavirus se extendió hasta el 26 de abril pero no tiene fecha cierta para su final. En los barrios populares de Paraná se superponen, e incluso precipitan, las urgencias alimentarias, sanitarias y de género. En este informe, los testimonios y los datos de organizaciones y referentes para conocer cómo se vive la cuarentena en los suburbios de la ciudad.

Escribe: Ramiro García

---

Desde que Alberto Fernández anunció el comienzo del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” pasaron tres semanas. Según los balances del gobierno nacional, los resultados sanitarios de la cuarentena que comenzó el jueves 19 de marzo a la noche son positivos. El ministro de Salud, Ginés González García, anunció que la cantidad de casos viene creciendo “por debajo de los pronósticos. La curva de contagios todavía no se está aplanando, pero está subiendo poquito, que es lo que queríamos”. El propio presidente valoró que “estamos un poco mejor, haciendo más lento el contagio para poder atenderlo”, pero adelantó que “vamos a pasar momentos dolorosos. Por eso no tenemos que relajarnos”. El gobierno quiere evitar que se instale la sensación de que “ya pasó” la necesidad del aislamiento. “Esto es día a día”, así definió Alberto Fernández a la manera de encarar la pandemia desde la gestión pública.

En los barrios populares también se vive así, pero en otro sentido.

El aislamiento social obligatorio está agravando el estado de precariedad y vulnerabilidad en el que ya vivía la parte de la población condicionada a resolver “día a día” su sustento económico y alimenticio ante la falta de empleos formales. O al menos estables, o siquiera bien remunerados, o directamente sin trabajo.

En Paraná el empeoramiento de esta realidad está haciéndose notorio en prácticamente todos los barrios fuera de bulevares. En base a sus prácticas diarias en barriadas y asentamientos populares del oeste, el sur y el este de la ciudad, diversos referentes sociales narraron cómo se vive la cuarentena obligatoria en condiciones de pobreza. Con características particulares según cada lugar, se ven preocupaciones comunes, como la presión que ejerce la falta de trabajo y comida sobre el cumplimiento del encierro, el riesgo de que el coronavirus “entre” en estos lugares, y la capacidad de respuesta del Estado ante un panorama que asoma cada vez con mayor demanda, especialmente de alimentos.

El humo del Volca

Javier Billordo es referente del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga. Desde la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) “José Daniel Rodríguez” hacen un abordaje integral, preventivo y comunitario de adicciones en niños, niñas y adolescentes, así como de recuperación en adultos, en la zona de los barrios Balbi, Antártida, San Martín y Mosconi. En el CAAC se realizan y coordinan diversos talleres, una escuelita deportiva, capacitaciones en oficios y el acompañamiento y asistencia a personas que están en situación de consumo. Además, funcionan allí un comedor y un merendero comunitarios que sirven viandas para 200 personas de lunes a viernes. “Últimamente ha llegado también gente de barrios Humito, Villa María (más cerca del Wal Mart) y hasta de Anacleto Medina”, grafica Javier el aumento de la necesidad alimentaria.

El joven, que es también coordinador del CAAC, cuenta que en la zona el aislamiento “se cumple muy poco. Los vecinos están en sus casas pero por ahí se quedan tomando mate en la vereda, o los gurises andan jugando en el predio. Muchos no sabían que estaba la medida. Nosotros hablábamos con los niños cuando iban a buscar la merienda y decían ‘acá el coronavirus no llega’, subestimando la gravedad de la pandemia. Los mayores también. Un vecino dijo, textual, que ‘ese virus afecta solo a los que cobran más de 20 mil pesos y viajan al exterior’”.

A partir de detectar esas situaciones, desde el movimiento Ni un Pibe Menos empezaron a difundir las medidas de prevención y a relevar a las personas con factores de riesgo de la zona. Se sumaron, además, estudiantes de Enfermería de la UADER.  El trabajo se hizo en articulación con los centros de salud Antártida Argentina y San Martín. Unos días después, cuando el gobierno nacional anunció el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores monotributistas e informales, emprendieron una campaña para inscribir a quienes aplican para el subsidio pero no sabían que existía o no tenían medios para registrarse, tarea a la que se sumó la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Desde Ni un Pibe Menos comprobaron que la necesidad de aislarse confronta con la de abastecerse. De por sí, miles de personas de la zona sobreviven con lo mínimo: la mayoría de las familias del barrio San Martín trabajan en el Volcadero, el basurero municipal a cielo abierto, pero tuvieron que dejar de hacerlo por la cuarentena. Una vecina a la que acompañan por una problemática de consumo decía: “esta semana algo tenemos, pero si esto se extiende no sé qué vamos a hacer los que trabajamos en el Volca. La plata no alcanza, no podemos salir, vender, nada. Yo cumplo con la cuarentena: me lavo las manos, trato de limpiar todo. Pero si esto sigue no sé qué vamos a hacer”.

Por ahora, la contradicción no pasó a mayores, según el referente de la CAAC. “La Policía no está metiendo presos a los que no cumplen, pero si avanza esta situación de falta de trabajo y de recursos va a haber más gente en la calle, y se va a generar una situación complicada”, dice Javier.

Por otro lado, alerta por un aspecto sanitario particular de esta zona: “tenemos miedo de que el virus llegue al barrio. Tenés un montón de enfermos crónicos respiratorios, por el humo del Volca y las condiciones de vivienda. Algunos son hipertensos, otros diabéticos”.

“Hay gurises que son crónicos respiratorios desde los cuatro o cinco años. Que llegue el virus ahí puede hacer estragos”

El CAAC “José Daniel Rodríguez”, nombrado en homenaje al joven de La Floresta y militante de la CCC asesinado en la represión de diciembre de 2001, es financiado con presupuesto de la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) para su funcionamiento general y para los honorarios de los profesionales y talleristas. El comedor, en tanto, recibe fondos del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que según Javier Billordo hoy alcanzan solamente “para el pollo del mes”. El merendero también está en problemas: en noviembre dejó de recibir asistencia de la secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad.

El movimiento empezó por redes sociales una campaña de donaciones y de aportes para la compra de alimentos y elementos de limpieza e higiene .

httpss://www.instagram.com/p/B912UqVDKXF/

Más allá del voluntariado, Ni un Pibe Menos y la CCC proponen la conformación de Comités de Crisis integrados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la zona para “enfrentar este virus que puede afectar especialmente a estos grupos de riesgo”.

Ya no es lo mismo comer de la basura

Roberto Gómez es el presidente de la Comisión Vecinal del barrio San Martín y trabajador municipal del Volcadero. Relata otras situaciones que generó el Covid-19 en la rutina del lugar. “La gente desconfía ahora con la pandemia. Sacan de la basura para comer, pero no es lo mismo. No es fácil trabajar en la basura. Si algún infectado tira la suya, el recolector la levanta y la tira en el Volca. Pero no saben que ahí hay seres humanos trabajando. Si podés anotá que la gente que trabaja en el Volcadero tiene muy poca protección”, aclara en la entrevista por teléfono.

Roberto, a quienes todos conocen como Oreja, define que “la gente está bastante calma, entiende que tenemos que estar en cuarentena. Pero no son los mismos o ingresos de todos los días, está brava la situación. Hay preocupación, no sé hasta cuánto va a aguantar esto”

Y ofrece otro dato de las complicaciones que produjo el aislamiento social en la economía de  la basura. “La mayoría de la gente vive del Volca. Al hacer cuarentena, los que compran el reciclado, los famosos acopiadores grandes, cierran. Y la gente del Volca se queda sin el trabajo y el sustento de todos los días”. Consultado sobre los precios de esos intercambios entre acopiadores y recolectores, Oreja precisa: “el plástico y el cartón son lo que más vale. El kilo de plástico está valiendo 10 pesos y el cartón estaba en tres pesos el kilo”.

El referente cuenta que, junto a la ONG paranaense Suma de Voluntades y la parroquia de Guadalupe, reparten comida al vecindario dos o tres veces por semana, a la noche, y coincide con que la necesidad creció y los recursos del Estado se achicaron. “Ahora los que necesitan son muchos. De la Municipalidad nos dieron 10 módulos alimentarios nomás. Hoy en el barrio se necesitan fácilmente 200”.

Sobre las condiciones para cumplir cuarentena en su barrio, Roberto cuenta que “hay nueve, ocho, siete personas en cada familia, y viven en casas precarias, ranchitos” y suma un hecho relevante relacionado a la higiene y limpieza que demandan los tiempos: explica que la mayoría del San Martín tiene agua, aunque “hay dos partes del barrio donde no tiene fuerza la red. Los vecinos que viven ahí tratan de cerrar uno cuando abre el otro, porque no llega el agua”.

El voluntariado en cuarentena

Anabella Albornoz, presidenta de la ONG mencionada, Suma de Voluntades, aporta que “en los asentamientos donde trabajamos nosotros es prácticamente inviable hablar de aislamiento social. El ‘quedate en tu casa’ no es igual para todos. No es lo mismo una clase media para arriba, con la heladera llena y las comodidades necesarias, que vivir en un rancho de tres metros por dos”.

Suma de Voluntades tiene el epicentro de su labor comunitaria en esta misma zona, en los barrios San Martín, Mosconi y Antártida. “Ayudamos con mercadería y acompañamiento. Establecimos un sistema de viandas, tratando de que haya la menor cantidad posible de voluntarios y gente que trabaje en los comedores. Pero seguimos trabajando porque ante la emergencia sanitaria tenés la emergencia alimentaria”, manifiesta Anabella, aunque aclara que están haciéndolo solo cinco de los 140 voluntarios de la organización.

“La emergencia de tener la panza llena se contrapone con la emergencia de salud”

En los tres comedores de Suma de Voluntades se alimenta en total a unos 400 gurises. Anabella reseña que la mayoría de los recursos son donaciones particulares. El Estado aporta 16 bolsones de alimentos semanales -con los que se “paga” a las cocineras- y 15 mil pesos mensuales de la tarjeta de Comedores, “que los estiramos, los ‘hacemos chicle’”, grafica la referente del voluntariado. Y sugiere que la cuarentena tiene otro efecto colateral en el trabajo de la ONG. “Mermó mucho la donación desde que empezó la cuarentena, al no poder salir la gente. Sí aumentó mucho la de artículos de limpieza. Estamos pidiendo elementos de limpieza e higiene porque nos re hace falta”.

Anabella reflexiona que el aislamiento por el coronavirus “nos va a servir para pensarnos en comunidad y pensar que una ciudad que no es para todos no es una ciudad. Hoy el articulador de la sociedad es la solidaridad. Rescato lo positivo. Es impresionante la ayuda de la gente. De esto vamos a salir fortalecidos. Qué lástima que tuvimos que llegar a esta instancia para darnos cuenta de qué es lo valedero en la vida, ¿no?”.

Un problema entre muchos

A unas 20 cuadras del barrio San Martín, avanzando hacia el sur por las callecitas sinuosas que van hacia la zona más baja de este extremo de la ciudad, se encuentra el centro de Salud Humberto D’Angelo, en Anacleto Medina Sur. Su directora desde enero es la licenciada en Trabajo Social, Mariela Velázquez, quien afirma que en su área de cobertura “hay conciencia” de la necesidad de hacer la cuarentena “pero la gente no tiene posibilidades de comprar un alcohol en gel, a lo sumo una lavandina. Ni siquiera el centro de salud tiene alcohol en gel, porque los laboratorios no nos están vendiendo”.

El D’Angelo abarca sanitariamente una población que desde siempre subsiste en condiciones de pobreza, en muchos casos extrema. Además del trabajo municipal, en la zona predominan oficios en changas o por jornales entre los varones y como empleadas domésticas entre las mujeres. Mariela Velázquez confirma que “la circulación es mínima. Solo se ve a quienes vienen a tomar el colectivo a la plaza, frente al centro de salud. Hay mucha empleada doméstica que va igual a trabajar, porque los patrones las obligan. Están en negro y si no van no cobran”.

La trabajadora social está preocupada porque con el aislamiento obligatorio cerraron varios comedores de la zona y hay más demanda en el centro de salud, que cumple una función que excede largamente sanitario. “Muchos se acercan para ver cómo pueden hacer para tener algún ingreso o un módulo alimentario. Nosotros tratamos de asesorarlos. Inscribimos personas para el bono familiar de ANSES, porque muchos no tienen internet. Además acá retiran leche. Recibimos 300 cajas de un kilo por mes, se están entregando todas y aún así no alcanza”, admite. Y la emergencia por el Covid-19 llegó para hacer más magia que nunca con los recursos.”La partida del centro de salud es mínima y ahora tengo que priorizar elementos de higiene para garantizar limpieza”, dice Mariela.

“El problema en nuestro contexto es que todas las vulneraciones se agudizan”

¿Cuánto importa el coronavirus entre tantas urgencias? La directora del D’Angelo asegura que a ella y su equipo les preocupa “mucho” porque “se suma a las problemáticas de salud que muchos tienen en los barrios: diabetes, colesterol, hipertensión, problemas respiratorios, infecciones de transmisión sexual, violencia barrial, violencia de género y consumos problemáticos”. Sí, todos son problemas de salud pública. Y según Mariela Velázquez, con la cuarentena asoma el riesgo de que se agraven: “la violencia va a ir acrecentando porque muchos grupos familiares viven hacinados, varias generaciones en una misma casita, que en la mayoría son precarias, de un solo espacio o dos. La convivencia forzada lleva a que empiecen a haber más situaciones”.

Violencia machista: igual o peor

Mónica Olivera vive hace 27 años en el barrio Lomas del Mirador 2 y es la presidenta de la asociación Mujeres Luchadoras Positivas. Según su relato, en los barrios pobres el contagio de coronavirus está lejos de ser el único peligro. “Los hombres no tienen changas. Llegan a la casa, se atacan de los nervios, ni hablar los que tienen consumo problemático tanto de alcohol como de sustancia, que al no tener plata para comprar para su consumo se ponen violentos, ¿y quién es la variable? Las mujeres, que son golpeadas muchas veces”, dice Mónica. Y añade otro problema a la lista de urgencias: “también tenemos pibes con consumos problemáticos. Ya estaban mal y con esto se ponen mucho peor. Por ahí hacían sus robos, sus cosas. Ahora lo hacen adentro del barrio, de la familia, al vecino de al lado, están descontrolados”.

A pesar de la crisis, la vecina afirma que en Lomas “los que venden merca no han parado de vender, los autos de alta gama paran en la vereda, normalmente. No hay tiroteos, eso se ha calmado, aunque ayer a la mañana un tipo andaba a los tiros porque era el cumpleaños del sobrino. Pero la venta sigue. Siguen facturando, no se toman cuarentena. Acá hay cada vez más kiosquitos. Y te preguntás, ¿qué pasa? ¿La Policía no sabe?”, se pregunta.

“Los transas, los mataguachos, saludan a los pibes con el codo pero les venden la bolsita”

“Todas las miserias salen a flote”, resume la vecina del Lomas 2 y dice que durante la cuarentena obligatoria llegaron a su ONG “por lo menos siete” casos de violencia de género, todos con intervención judicial y denuncia policial y de distintos lugares de la ciudad.

Da un ejemplo de una situación que está ocurriendo estos mismos días: “una chica está en cuarentena con la madre. El ex (novio) la presiona para que vuelva con él y la psicopatea. Tiene restricción de acercamiento”. Aporta otro: “una vecina me mandaba mensajes por WhatsApp: ‘Moni, al Negro no lo aguanto más. Está enloquecido porque no puede salir, está como psciópata’”. Mónica explica el caso, que puede ser igual a muchos. “Este hombre tiene consumo. Ponele que con la changa ganaba 700 pesos por día. Se compraba su pastillita, o no sé qué tomaba, le daba el resto a la mujer y así pasaban los días, tranquilos. Ahora no puede: está encerrado, atacado, con abstinencia y poca comida. En esa casa hay dos familias, porque también viven la hija con el marido y el bebé. Y el otro hijo adolescente con adicciones. Es una situación complicada”, alerta la titular de la ONG feminista.

Y advierte que “los verdaderos estamentos que deben hacer algo por las mujeres atienden de 8 a 12. Te llenan el Facebook de teléfonos pero llamás y no tenés respuesta. Cuando la mujer llama está al borde del desastre, necesita respuesta ya”. Cuenta Mónica que en la asociación “trabajamos en red. Si hay que actuar inmediatamente, llamamos que intervenga ya la policía. Si no, voy a Asistencia a la Víctima (del ministerio de Gobierno) o la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial”. Y al referir a la justicia se indigna más. “Es increíble que todavía se siga maltratando a la mujer cuando va a Tribunales. No se le da el espacio correspondiente, no se le contesta de la forma correspondiente, hay una revictimización. Muchas veces el maltrato de la empleada es el que hace que la mujer vuelva a la casa y diga ‘no denuncio’. Yo a Tribunales de mañana ni voy, las llevo de tarde, cuando no hay casi nadie. Me quedo con las criaturas en el pasillo, ellas pueden hablar tranquilas. Tribunales es un monstruo para la persona común”.

Mónica cierra sus advertencias con un deseo final: “si no pasa nada acá en el barrio va a ser un milagro. Ojalá cuando termine la cuarentena podamos salir”.

Según registros del gobierno nacional, desde el inicio de la cuarentena aumentaron las denuncias por violencia de género. Algunas líneas de comunicación para estos casos son:

El sur y el frío

Guillermo Reynals es militante del Movimiento Popular La Dignidad, que tiene plantada su bandera en el barrio Los Berros -al sur de la ciudad-, en San Benito, y en los asentamientos al costado de las vías a las alturas de calles Newbery y Miguel David.

Guillermo comenta que desde el inicio del aislamiento obligatorio la mayor parte del trabajo en los barrios se sigue haciendo, con protocolos de prevención y seguridad: merenderos, comedores, huertas y cuadrillas siguen en acción. Las asambleas de la agrupación sí se suspendieron. El MP gestiona comedores y merenderos que alimentan en total a unas 400 personas en Paraná y que implementaron la modalidad de viandas. Además, tiene su Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) “Red Puentes”, en Sebastián Vázquez 438, que mantiene abiertas sus puertas. “Si se cierran, el sujeto está doblemente vulnerado”, define Guillermo. Explica que Red Puentes es un “espacio de convivencia” para personas en situación de calle y/o de consumos problemáticos. Abre de 9 a 17 horas de lunes a viernes. “Se hace una asamblea, se asean, desayunan, almuerzan, tienen talleres, cierran con otra asamblea y se llevan mercadería para compartir”, repasa el integrante del MP. Y cuestiona que por el coronavirus se considere población de riesgo “sólo a las personas mayores de 60 años”

“Las personas mal alimentadas, en situación de calle, que duermen con frío, no comen, no están bien de salud, están apenas sobreviviendo”

Guillermo también confirma la creciente demanda de alimentos por el aislamiento: “en los comedores alcanza para las personas que van a buscar. Sabemos que hay más familias mal alimentadas y no tenemos los recursos necesarios. Por eso nos embroncamos cuando el Estado nos ofrece 10 o 20 bolsones, es un chiste. Vemos un esfuerzo de Nación, pero necesitamos que Provincia y Municipio asuman su responsabilidad”.

Consultado por el panorama que vislumbran en los barrios populares si continúa la cuarentena, Guillermo afirma que “se percibe una situación de impaciencia. El coronavirus vino a agudizar una crisis que viene de hace rato”.

Mara Robin, también militante de La Dignidad, es desde julio de 2019 la presidenta de la Comisión Vecinal “Los Berros”. El barrio está comprendido entre el arroyo que le da su nombre, las calles 832 y General Espejo y avenida Ramírez al final. “En este barrio no hay nada”, sentencia Mara y argumenta: “ningún servicio, ni colectivos, ni placita. Muchas calles son de tierra, abundan los asentamientos de ranchos. Estuvo olvidado por mucho tiempo y ahora estamos haciendo un poquito más de ruido. Hay proyectos con el municipio, como una salita de primeros auxilios y una guardería”. El centro de salud más cercano está a unos tres kilómetros y es el Padre Kentenich, en la zona de General Espejo y Pablo Crausaz.

La referente vecinal asegura que en Los Berros “ha cambiado muchísimo la rutina. La gente se está cuidando más, se ha tomado conciencia y un poquito de miedo”. Mara también informa que el aislamiento forzó el corte de las changas con la que subsisten la mayoría de sus vecinas y vecinos y empiezan a notarse las consecuencias: “en la vecinal la gente está pidiendo alimentos más que nada”.

La Dignidad coordina el comedor y taller comunitario Lucerito. Mara advierte que la tarjeta alimentaria de Merenderos y la propia autogestión alcanzan para servir “un día merienda y un día comida. Si pudiéramos haríamos comida todos los días, pero es lo que podemos”. Ante el aumento de las necesidades, también emprendieron una campaña de donaciones.

La presidenta de la vecinal duda de que el cumplimiento del aislamiento perdure mucho tiempo más entre quienes viven el día a día. “Están los $3000 de emergencia de ANSES y la tarjeta Alimentaria, pero en una familia de tres, cuatro o cinco hijos te alcanza para unos días, una semana. ¿Y después? La cuarentena se va a extender. Si tenés muchas bocas en tu casa ¿qué vas a decirle a tus hijos si no tenés para comer? ¿Qué hacés, te quedás en tu casa o salís a buscar?”, sugiere.

Ante ese escenario a Mara le inquieta en particular el cambio de clima que va a ir asentándose. Calcula que “se va a complicar la situación, más en los meses de invierno. Se viene el frío y los chicos en invierno comen un poco más. ¿Y si no hay una entrada? Las familias no se van a quedar en su casa, van a empezar a salir a buscar algo de plata. El peligro está en que la gente salga y se contagie. El Estado debería asegurar la salud y la alimentación”.

Las respuestas del Estado

¿Qué reacciones hubo en los organismos estatales ante las consecuencias alimentarias del aislamiento obligatorio en los sectores vulnerables?

El gobierno de Entre Ríos tiene comedores en 500 escuelas en toda la provincia, que suman unas 18 mil raciones diarias. En Paraná hay unas 50 escuelas con comedores, que asisten en total, regularmente, a aproximadamente 2.800 niñas, niños y adolescentes. Además de los escolares, la Provincia provee a unos 80 comedores comunitarios en la capital, con una inversión de alrededor de un millón de pesos al mes para todos.

Desde que empezó el asilamiento obligatorio, fueron tres las medidas centrales anunciadas a nivel provincial: 50 millones de pesos en alimentos “para la población que más lo está requiriendo”, según dijo el gobernador Gustavo Bordet; un aumento del 35 por ciento en el presupuesto por ración para los comedores; y un refuerzo en la “copa de leche” que se da a cada niño y niña en esos mismos establecimientos.

En Paraná la municipalidad calcula que entre cinco mil y seis mil personas reciben asistencia alimentaria regularmente en comedores escolares y comunitarios y que la demanda creció un 30 por ciento desde que empezó el aislamiento obligatorio. Durante la tercera semana de la cuarentena el municipio estaba realizando gestiones para comenzar la entrega de 1.200 viandas en jardines maternales y comisiones vecinales, de lunes a viernes, previo empadronamiento en los barrios. Además, convocó a todos los comedores y merenderos de la ciudad (que suman unos 150) para coordinar los días y turnos para la elaboración de comida. Es que, según relevó la secretaría de Desarrollo Social, en algunas vecinales se superponían, y dos o tres establecimientos cocinaban a la vez para la misma gente, mientras que al otro día no abría ninguno y las personas que requerían alimento no tenían dónde buscarlo.

Más allá de su aporte de 1.200 viandas y su labor de coordinación, en la comuna admiten que “la demanda supera ampliamente los recursos, que son escasos y limitados”, como señaló para este informe un funcionario de Desarrollo Social. Sin embargo, afirmó que el objetivo es “garantizar alimentos todos los días en todas las zonas. No queremos y esperemos que no se llegue a ningún conflicto, que sería catastrófico para todos”.

---

Fotos: Gentileza Ni Un Pibe Menos por la Droga,
Roberto Gómez,
MP La Dignidad,
Suma de Voluntades,
Centro de Salud “Humberto D’Angelo”.