En octubre del 2019, estudiantes secundaries se manifestaron en Chile contra el aumento del boleto del metro. Pero algo más sucedió para que, el 18 de ese mes, el pueblo decidiera salir masivamente a la calle y convertir el reclamo del sector en una ola de protestas que llegó a congregar a un millón de personas en Santiago. Crónica de Gustavo Schnidrig sobre una movilización que soporta desde hace más de dos meses la bestialidad represora de Sebastián Piñera. Cobertura fotográfica de Muchacha Audiovisual.
(Este relato es la segunda parte de una crónica
a publicarse en tres capítulos.
Parte I)
Enredado y expulsivo
Observar las apariciones públicas de Belén Larrondo en Chile puede hacer recordar a las de Ofelia Fernández en 2017, tras las primeras tomas de colegios porteños: hablan de los mismos temas y suelen generar idéntica reacción conservadora en panelistas televisivos y en su público modelo, la-gente.
Googlearla es situarse frente a varios links de los principales portales de fast-news trasandinos. En una de estas noticias se la ve sentada sobre un adorno de cemento bajo, ubicado al ras de una vereda que posiblemente sea la de la Católica. Está mirando a la cámara desde lo alto, hacia un enfoque contrapicado que la reviste de autoridad y le congela una sonrisa grande de dientes parejos y mucha confianza. Tiene el pelo negro y largo, otro de sus tantos atributos acordes al estereotipo con que suele chicanearse en algunos círculos de izquierda y progresistas: blanquita, de clase media y con cuerpo hegemónico.
—Mi nombre es Belén Larrondo y estudio arquitectura en la Universidad Católica. Soy presidenta de su Federación de Estudiantes (Feduc) y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) —dice, previo a contar que está por arrancar el cuarto año de su carrera.
Desde Santiago —muy posiblemente desde la casa en la que creció y sigue viviendo junto a su familia—, la joven dirigente intenta captar la génesis y el desarrollo de un conflicto que ya lleva más de dos meses bajo fuego. Para ello debe explicar primero el modelo educativo chileno, labor por momentos tan enredada que funciona como botón de muestra del malestar del sector.
La estudiante busca frases sencillas con las que resumir algo que es alto viaje. Pero aventura un abstract: “La estructura educativa de Chile garantiza a las familias adineradas el acceso a una educación sin mayores contratiempos, mientras que el resto de la clase trabajadora debe endeudarse a niveles excesivamente injustos para que su descendencia pueda cumplir con el imperativo de ser alguien en esta vida.”
Y luego, pasa al desarrollo.
Explica que, para entender cómo se educan les chilenes, debe primero notarse la grieta existente entre la etapa escolar y la universitaria, relacionada con el papel desempeñado por los capitales que las financian.
Mientras que para la educación primaria y secundaria la inversión privada es sinónimo de mejores oportunidades, la ausencia del Estado en las instituciones académicas puede derivar en graves desventajas formativas. (Aunque, en rigor, no existe establecimiento educativo alguno que no dependa de fondos particulares, mas no sean los de sus estudiantes.)
Las escuelas públicas, en tanto, suelen estar dotadas de escasa infraestructura y no es de extrañar que dentro de una misma aula se sienten 40 o más alumnos. Las excepciones a esta regla son los llamados Liceos Emblemáticos (o Liceos Bicentenario), instituciones públicas que tienen fama de aportar buena preparación de cara a la vida universitaria.
Asimismo, existen institutos en cuyos secundarios se da formación técnico-profesional. Pero, aunque Belén destaca el compromiso de estos últimos por garantizar una rápida salida laboral a sus egresades, su “lado oscuro” radica en que suelen proveer escasa preparación para quienes deseen enfrentar una carrera de grado.
Finalmente, y llegada a la edad universitaria, tode chilene debe enfrentarse a un nuevo parteaguas: la Prueba de Selección Universitaria (PSU). “Se realiza hacia fin de año y consta de cuatro pruebas a rendir en dos días, donde se evalúan diferentes conceptos de matemática, lenguajes, historia y ciencias”, explica la dirigente.
El resultado de la PSU es clave para determinar el tipo de educación y la carrera a la que puede aspirar cada postulante.
Quienes acreditan notas más altas acceden a las universidades más codiciadas, casi todas estatales: la Universidad Católica (tanto la de Santiago como la de Valparaíso), la Universidad de Chile o la Universidad Técnica “Federico Santa María”, entre otras.
Todas ellas “universidades tradicionales”, es decir, que forman parte del grupo de 27 instituciones (tanto públicas como privadas) que tienen representación hacia dentro del Consejo de Rectores, un organismo del Estado que coordina estrategias educativas y líneas curriculares comunes.
En cuanto a las instituciones no tradicionales, al ser sostenidas estrictamente por fondos particulares, no siempre terminan enfocándose en brindar educación de calidad. “El peligro aquí es doble. Por un lado, debido a la incapacidad de estas instituciones para garantizar una salida laboral a sus estudiantes (por lo general, quienes obtuvieron los puntajes más bajos en la PSU)”, dice Belén.
“Por el otro —amplía—, porque sus estudiantes y graduados quedan siempre vulnerables a malas gestiones que deriven en procesos de quiebra y cierre, dejando sin efecto sus títulos”, y nombre a las universidades del Pacífico, Iberoamericana y del Mar como los ejemplos más recientes de ello.
Así las cosas, y como conclusión de su pequeño ensayo, la joven formula una nueva hipótesis: “Sea cual fuere el trayecto curricular que desee hacerse, siempre-siempre el ingreso a las aulas, y el posterior éxito académico, dependerá de qué tan al día se lleve el arancel”.
Todo muy pinochetista
El germen que viene posibilitando tanto embrollo institucional se encuentra diseminado en la propia Constitución de Chile. Al plantear el carácter subsidiario de su sistema educativo, la carta magna reduce el margen de acción pública a mero garante de las ganancias privadas. Es decir, un Estado al que se le saca plata y no ideas.
Claro que es un texto fundacional que lleva la firma de Augusto Pinochet, dictador que gobernó como presidente de facto entre 1974 y 1990. Sancionada en 1980, habilita desde entonces a empresarios y especuladores a levantar establecimientos sin patrones de fiscalización ni de calidad. Así fueron naciendo muchas universidades que no siempre aseguran un futuro laboral digno a sus estudiantes.
El caso de Lester Rojas, inquieto cineasta y dueño de una “micro-micro pyme” de venta de vinos que se encuentra algo paralizada desde el inicio de los conflictos de octubre, sirve de ejemplo:
—Estudié cine en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis), que estaba regenteada por el Partido Comunista y quebró por malos fondos. Pero yo sigo pagando la universidad. Debo dos millones trescientos, o dos millones cuatrocientos, no recuerdo. Y no sé cuánto será en argentinos, pero es mucha plata —cuenta el joven al que debe respondérsele que sí, que es mucho dinero: 190 mil pesos argentinos.
O tres mil dólares en un país donde el salario básico se ubica en menos de cuatro franklins.
Lo que sí viene andando sobre rieles, se ve, son las oportunas herramientas crediticias surgidas para “apoyar” a les futures profesionales. Consisten en desembolsos específicos cuyo resultado más palpable viene siendo una larga lista de jóvenes (y no tanto) atades a usureros privados y al Estado.
Este último, por caso, ya dispone de población fresca y morosa para los próximos 20 años.
La educación chilena cuenta finalmente con la particularidad de que las universidades públicas suelen ser más caras que las privadas. Estudiar una ingeniería o medicina en la Universidad de Chile, por ejemplo, requiere de un gasto anual por encima de los cinco millones de pesos chilenos (6.500 dólares; 389 mil pesos argentinos), cifra no obstante algo menor a la propuesta por la Universidad Católica para sus ingenierías, la cual ronda los seis palos.
Dice Belén: —El sistema universitario chileno es un reflejo de las muchas inequidades del país. Quienes tienen acceso económico pueden pagar una mejor educación y, quienes no, o no entran en el sistema universitario o entran a uno precario y de mala calidad.
Terminar una carrera de grado en Chile es, en muchos sentidos, un logro más financiero que meritocrático.